Durante varios lustros las naciones latinoamericanas estuvieron caracterizadas por políticas proteccionistas, la sustitución de importaciones, el control de precios, prácticas monopólicas gubernamentales y propiedad estatal de industrias y servicios. Los gobiernos y el sector privado actuaron dentro de reglas que garantizaban, a los empresarios, la protección contra la competencia y, al gobierno, las ejecutorias para asignar y distribuir recursos.
La mayoría de los países latinoamericanos comenzaron la transición hacia una economía menos controlada en la década de los 80’s como reacción ante la crisis de la deuda. Para principios de los 90´s, casi todos los países habían iniciado las reformas estructurales, reduciendo las barreras comerciales, privatizando empresas del Estado, desregulando la economía y promoviendo la competencia. Puede afirmarse que para la actualidad, la liberalización en el plano comercial se encuentra bastante avanzada.
La promoción de la competencia en estos países se convierte en una tarea más amplia que la aplicación de una ley antimonopolio. Para aquella hay que afectar el desempeño de monopolistas que han estado protegidos por distintas administraciones. Se debe emprender un proceso educativo orientado a modificar conductas, actitudes y la cultura, entendida como la manera en que se hacen las cosas, persuadiendo a consumidores y productores que la liberación y la competencia es mejor opción que los controles y aumenta el beneficio de ambos por la eficiencia que genera.
En el caso de Venezuela, las políticas de competencia comenzaron a gestarse en el marco de las reformas económicas iniciadas en 1989. Así en el año 1992, con la promulgación de la “Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia” publicado en la Gaceta Oficial No. 34. 880, se crea como órgano desconcentrado, adscrito al Ministerio para el Poder Popular para el Comercio, la Superintendencia, la cual tiene autonomía funcional, aunque no cuenta con independencia, ni autonomía presupuestaria y financiera, lo que es una de sus debilidades institucionales.
